Por: Anaid García (@laanaidtobon) y Janet Oropeza*

El pasado 06 de junio se llevaron a cabo elecciones intermedias, las más grandes de la historia, donde se eligieron más de 20 mil cargos, entre ellos, 500 miembros de la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; así como a las y los integrantes de 30 Congresos locales; mil 900 ayuntamientos y juntas municipales, entre otros.[1] De forma preocupante, este proceso electoral estuvo caracterizado por violencia política reflejada en 167 asesinatos, según la consultora Integralia.[2] Hubo, además, 782 agresiones políticas, con lo que la elección de 2021 se convirtió en la más violenta de la historia.[3]

Las elecciones intermedias de 2021 permitieron a la ciudadanía evaluar los primeros tres años de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que en 2018 obtuvo la mayoría de votos para la presidencia y el Congreso federal. El voto en las urnas fue el medio para valorar las reformas emprendidas por el actual gobierno y el manejo de la pandemia. Y si bien Morena mantuvo, de forma general, la mayoría en las elecciones recientes, en el Congreso Federal, el repunte de los partidos de oposición cambia la composición política, dificultando la obtención de una mayoría calificada. ¿Qué escenarios arroja esta elección intermedia para el poder legislativo federal? ¿Cómo pueden cambiar estos resultados las prácticas legislativas? ¿Qué oportunidades se abren?

La Cámara de Diputados cuenta con 500 escaños, 300 elegidos de manera directa y 200 de forma proporcional. El poder legislativo es uno de los pilares fundamentales del gobierno, ya que en él se aprueban y/o modifican las leyes, así como el presupuesto público. La mayoría de las reformas en el legislativo pueden aprobarse por mayoría simple (50% más 1), sin embargo, aquellas de gran envergadura y que impliquen modificaciones a la Constitución deben contar con una mayoría calificada, es decir, ser aprobadas por al menos dos terceras partes de los miembros presentes en cada una de las Cámaras y ser ratificadas por la mitad más una de las legislaturas de las entidades federativas (17). En esta ecuación se vuelven clave las alianzas de los partidos mayoritarios con partidos minoritarios también conocidos como “bisagras”.

En 2018, la composición de la Cámara baja estuvo repartida de la siguiente manera: Morena 253 escaños, PAN 79, PRI 49, PES 21, PT 47, MC 25, PRD 11, PVEM 11, sin partido 4. Esa mayoría de Morena y sus alianzas con algunos otros partidos, como el PES o el PT le permitieron alcanzar mayoría calificada y llevar a cabo reformas constitucionales en la Cámara de Diputados sin que hubiera necesidad de obtener un consenso con otras fuerzas políticas o de escuchar las voces de la ciudadanía.

La elección intermedia cambia el escenario para Morena en la Cámara de Diputados. De acuerdo al conteo rápido del INE, en la nueva legislatura, Morena perdió más de 40 escaños y podrá obtener un máximo de 203 diputaciones, por lo que necesitará aliarse con partidos bisagras para lograr la mayoría simple. Naturalmente, dichos aliados podrían ser el PT y el PVEM, que obtuvieron 41 y 48 de escaños aproximadamente, y con quienes formó la Alianza Juntos Haremos Historia en estas elecciones. Sin embargo, en comparación con la legislatura pasada, conseguir una mayoría calificada será difícil, ya que ninguna fuerza política ni ninguna de las dos alianzas que se formaron cuenta con mayoría calificada necesaria para realizar reformas constitucionales y cambios de gran envergadura.

De acuerdo al INE, la otra Alianza formada por el PRI, PAN y PRD puede obtener hasta 213 escaños. Por lo anterior, en esta nueva legislatura, Morena y sus aliados deberán privilegiar el diálogo y el consenso entre las fuerzas políticas si desean aprobar reformas constitucionales, lo que es un escenario distinto al previo.

¿Qué oportunidades abre esta nueva composición legislativa?

Los resultados de la elección de 2021 abren la posibilidad de mejorar las prácticas legislativas y retomar pendientes de la legislatura anterior.  En el primer caso, es necesario y deseable que la nueva legislatura vuelva una realidad el Parlamento Abierto. El legislativo debe, en su trabajo cotidiano y en sus prácticas, promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas y el uso estratégico de las tecnologías de comunicación e información. El Parlamento Abierto posibilita que el legislativo tenga una comunicación constante con sus representados y representadas, materializar el derecho a la participación ciudadana y mejorar la eficacia y legitimidad de su trabajo al allegarse de información que le proporcione la ciudadanía. La nueva legislatura tiene el gran reto de transversalizar el Parlamento Abierto como una práctica cotidiana en su trabajo legislativo. Esto incluye abrir espacios a la participación sustantiva de actores sociales para incorporar sus opiniones, preocupaciones y demandas en el proceso legislativo, como marcan las mejores prácticas internacionales.

Aunque para muchas reformas constitucionales aprobadas en la legislatura anterior, se realizaron ejercicios de Parlamento Abierto no se recuperaron las preocupaciones ni se tomaron en cuenta las propuestas expresadas durante estos ejercicios en las leyes aprobadas. Entre algunas de las reformas constitucionales aprobadas de esta forma se encuentran la prisión preventiva oficiosa para varios delitos, la eliminación del fuero presidencial, la creación de la Guardia Nacional, etc. Esto representa una oportunidad para que en meses venideros se lleven a cabo ejercicios en el que se puedan aprovechar aportes de la ciudadanía y construir mejores procesos.

En términos de la agenda futura, desde Fundar, identificamos que algunos de los pendientes que tendrá que resolver la nueva legislatura y que deberían llevarse a cabo mediante estándares de Parlamento Abierto por su impacto social son: una reforma fiscal progresiva que aumente los bajos ingresos del Estado mexicano y cumpla una función redistributiva, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda ante las reformas hechas a la ley de la Fiscalía General de la República, nuevas reformas para garantizar la independencia técnica de los servicios forenses ante la crisis actual, la aprobación de un marco para la protección de denunciantes de actos de corrupción, la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual, la prohibición del fracking, la prohibición de minería en Áreas Naturales Protegidas; una discusión sobre ley de Consulta Indígena y la reforma constitucional en materia indígena, entre otros.

La construcción democrática va más allá de elecciones, requiere que las y los representantes electos construyan consensos y tomen decisiones en el legislativo que tengan un impacto en beneficio de la ciudadanía, al tiempo que rindan cuenta de sus acciones. Y eso sólo puede lograrse con un profundo ejercicio deliberativo que incluya la participación ciudadana como un pilar fundamental. Los resultados de las elecciones intermedias sin duda han generado mayores condiciones para estos consensos y abren la posibilidad de implementar nuevas prácticas de Parlamento Abierto. Esperemos que la nueva legislatura traduzca el ejercicio electoral y el voto de la ciudadanía en un nuevo escenario democrático.

* Anaid García y Janet Oropeza son investigadoras en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico

[1] Para lograrlo se establecieron un total de 107 mil 563 casillas en todo el país, a cargo de alrededor de un millón y medio de funcionarios y funcionarias de casilla.

[2] Jorge Butrón. “Deja proceso electoral 222 incidentes de violencia política: Integralia”, La Razón, 04 de junio de 2021.

[3] F. Miranda, “Proceso electoral 2021, el más violento en la historia: Etellekt”, El Universal, 01 de junio de 2021.

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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